Diálogo sobre aeropuerto no progresa

El diálogo iniciado ayer entre campesinos y autoridades mexicanas sobre la construcción de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México no registró ningún avance y por el contrario dejó la sensación de que el asunto terminará empantándose.
Tras casi tres horas de reunión, los campesinos rebeldes a la construcción y los representantes del gobierno mantuvieron sus posiciones irreductibles: unos por la derogación del decreto expropiatorio de sus tierras y los otros por continuar el diálogo y dirimir el conflicto por la vía jurídica.
Sin embargo, el representante gubernamental admitió que el aeropuerto no se erigirá sin el acuerdo de los campesinos afectados.
El encuentro, que por momentos se tornó tenso, se realizó bajo un marco difícil: la muerte horas antes de un campesino de San Salvador Atenco herido en los disturbios del pasado 11 de julio, cuando los labriegos rebeldes se enfrentaron con policías antimotines del Estado de México, que rodea la capital.
A casi un año de la decisión gubernamental de construir la terminal aérea en el Estado de México, "el país está más lejos que nunca de disponer de un aeropuerto para su zona central; en cambio, cuenta con un nuevo y peligroso foco de conflicto que ha producido una primera muerte", comentó ayer el diario La Jornada.
La cita entre comuneros y autoridades terminó sin un acuerdo sobre el siguiente paso o si habrá una próxima cita y con la salida abrupta de la parte oficial.
Los campesinos propusieron una nueva reunión para hoy en la Universidad de Chapingo, especializada en temas agrícolas, pero no tuvieron respuesta oficial inmediata bajo el argumento de que los encuentros se acuerdan y no se imponen. Antes el gobierno multiplicó por siete su oferta de compra original de las tierras en la zona designada, al pasar de los 7.20 pesos por metro cuadrado (unos 0.75 dólares) a 50 pesos (unos 5.4 dólares).
La oferta gubernamental incluye también una ampliación de infraestructura de educación y de salud, la prioridad que tendrán los comuneros para acceder a los empleos generados por el proyecto y un programa de viviendas para sustituir las que serán afectadas.