Dictan prisión para 20 de los 27 ediles de una urbe brasileña por corrupción

 La Justicia brasileña ordenó la prisión de 20 de los 27 concejales de la ciudad de Uberlandia (sureste), acusados de haber desviado fondos públicos de la Cámara Municipal a través de contratos, informó este lunes la estatal Agencia Brasil.

La operación es una continuación de la iniciada en octubre pasado, cuando tres de esos concejales sospechosos ya fueron detenidos.

Las autoridades investigan presuntos desvíos de partidas presupuestarias a través de contratos irregulares con empresas de seguridad, limpieza y de una gráfica, entre otros servicios, según recoge Agencia Brasil.

Entre los objetivos de la acción de este lunes figuran 20 concejales del total de 27 que componen la Cámara Municipal de Uberlandia, en el estado de Minas Gerais, entre ellos su presidente, Hélio Ferraz, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Ferraz es investigado por presuntamente participar en una trama corrupta que desviaba recursos públicos utilizados por los ediles en sus actividad profesional, de acuerdo con Agencia Brasil.

Los fiscales igualmente investigan presuntos fraudes por parte de los concejales, elegidos en las elecciones municipales de 2016, a la hora de contratar empresas que ofrecían diversos servicios a la cámara municipal.

Durante la operación, los policías decomisaron varios documentos y ordenadores utilizados tanto por los representantes políticos, como por sus asesores.'

Los investigados integraban una "organización criminal" que, según la acusación, habría dominado el servicio público de transporte de la ciudad entre 2007 y 2018.

En total, la Justicia de Minas Gerais emitió 40 órdenes de prisión y otras 42 de registro y allanamiento contra políticos, funcionarios de la Cámara Municipal y trabajadores externos.

El pasado octubre, la operación "The Godfather", como fue bautizada, ya había arrestado a tres de los concejales sospechosos: Alexandre Nogueira, Wilson Pinheiro y Juliano Modesto, contra los que se volvió a emitir una nueva orden de prisión.

Esos tres políticos ya estaban alejados de sus funciones públicas desde entonces.

En aquella ocasión, la Fiscalía apuntó que la contratación de una cooperativa local de transportes generó un desvío de más de 7 millones de reales (unos 1,75 millones de dólares) solo en 2016.