Trece disidentes cubanos, encarcelados desde abril pasado acusados de conspirar contra la seguridad del Estado, iniciaron una huelga de hambre en protesta por las duras condiciones de reclusión en que se encuentran, informaron ayer sus familiares en una carta pública.
Siete opositores que cumplen sus condenas en la cárcel de Holguín, 680 km al este de La Habana, y otros seis internados en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba (900 km al sudeste), comenzaron la protesta ante lo que calificaron como un "trato inhumano y violatorio" por su reclusión permanente en celdas de castigo.
"Todos ellos están sometidos a altísimas temperaturas y plagas de insectos, no tienen agua corriente y la que reciben no es potable, los alimentos que les proporcionan son insuficientes y muchas veces en mal estado", afirman en su misiva 23 esposas, madres o hijas de los anticastristas condenados. Agregan que "son esas condiciones las que les han llevado a tomar la terrible decisión de declararse en huelga de hambre, lo cual compromete su salud y hasta su vida".
La carta, dirigida al ministro del Interior cubano, general Abelardo Colomé Ibarra, expresa la "profunda preocupación" por la salud de los detenidos y solicita que "sean modificadas las inhumanas condiciones de internamiento a que están sometidos nuestros familiares".
En tanto, el abogado y empresario, Ebrahim Asvat, cuestionó que no se haya llamado a una licitación internacional para asignar esta responsabilidad y citó que la misma empresa declaró que no cuenta con el personal idóneo y para tal efecto contratará cerca de 100 personas adicionales para cumplir con la certificación.
A juicio de Asvat, este inconveniente le significa a la empresa que está en una carrera contra el tiempo, ya que no cuenta con el periodo suficiente para inspeccionar las naves antes del 1 de julio próximo.
Otro de los inconvenientes que tiene esta empresa para certificar las naves de bandera panameña, es que su base de operaciones está en Miami y carece de presencia en los puertos de oriente donde está el mayor número de naves registradas bajo bandera panameña.
También cuestionó que sin ningún tipo de llamado a una licitación internacional, la AMP haya otorgado un monopolio a una empresa, lo que deja a los armadores sin ninguna alternativa y los obliga a los a pagar las tarifas fijadas.
En la AMP se aclaró que no se trata de un contrato, sino un reconocimiento a la empresa estadounidense para que se encargue de certificar el cumplimiento del ISPS, sin embargo, ningún funcionario de alto nivel se mostró dispuesto a acceder a dar declaraciones para aclarar algunos planteamientos surgidos alrededor de esta selección. Panamá tiene que dar cumplimiento a la norma de la Organización Marítima Internacional con respecto al nuevo código de protección de los buques y las instalaciones portuarias (ISPS) que debe entrar en vigencia el 1 de julio del próximo año.
