A cinco días de las elecciones intermedias en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) fue ocupado por la fuerza y con destrozos de dos de sus once sedes electorales en el estado sureño de Oaxaca, y tuvo que cerrar otras siete en la zona por las protestas del sindicato de maestros.
Así lo anunció el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en un encuentro con corresponsales extranjeros en el que reiteró que las elecciones del domingo serán “las más complejas” de la historia de México por la existencia de un “contexto adverso en muchos sentidos”.
El foco estaba centrado en Michoacán y Guerrero, dos estados de la franja sur del país con graves problemas de violencia y pobreza como Oaxaca, la atención se ha trasladado a este último territorio por el conflicto entre el magisterio y el Gobierno, en el que los comicios parecen haberse convertido en un arma de negociación para los manifestantes.
Los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), motor de la protesta, no solo se manifestaron en Oaxaca, sino que protagonizaron una caravana motorizada hacia la capital mexicana, donde generaron un fuerte colapso en el tráfico de vehículos.
La CNTE exige la derogación del proceso de evaluación a los profesores, que el viernes fue suspendido por el Gobierno.
Córdova indicó que el INE no tiene nada que ver con la suspensión y se mostró esperanzado en que el cierre de las oficinas electorales de Oaxaca sea solo “temporal”, en espera de ver cómo evolucione el caso de las dos sedes ocupadas por maestros en Juchitán de Zaragoza y Tehuantepec.
Subrayó que esas sedes pueden ser ocupadas sin llegar a sus bodegas, donde están las papeletas y otros materiales electorales resguardados por militares.
Admitió que los representantes del órgano electoral tienen que “estar preparados para los peores escenarios”, aunque aclaró que su objetivo “es instalar la totalidad de las casillas” del país y que “el uso de la fuerza pública sería el último recurso”.
Tildan de ‘ilegal’ suspensión de la evaluación educativa
Organizaciones de la sociedad civil mexicana calificaron de “ilegal" la suspensión indefinida de la evaluación de los maestros y acusaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de extralimitarse en sus funciones.
El Gobierno cede así ante los "chantajes de grupos organizados dentro del sistema educativo que están interesados en perpetuar prácticas contrarias a la excelencia educativa", señala un comunicado difundido por el centro de análisis de políticas públicas México Evalúa y firmado por 20 organismos, además de ciudadanos independientes.
La SEP anunció que se suspenderían indefinidamente las pruebas al personal docente de educación básica y media superior, incluidas en la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013, con el apoyo de los principales partidos de la oposición.
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