El plan de EE.UU. de instalar a sus militares en cinco puntos del territorio colombiano, con un máximo de 800 militares y 600 civiles, ha creado una conmoción nacional que alcanza a los vecinos, sobre todo a Venezuela y Ecuador.
Las negociaciones se han llevado en secreto en EE.UU. en los últimos meses y el acuerdo ya está prefirmado a falta de una inminente quinta ronda de conversaciones en Bogotá.
Estas bases tratarán de suplir la salida definitiva de los estadounidenses de Manta, desde donde EE.UU. dirigía la lucha aérea contra el narcotráfico en la región andina.
Estados Unidos realizó el viernes su último vuelo desde el puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en Manta, después de una década de colaboración sumida en la polémica.
La retirada estadounidense de las instalaciones de Manta fue para dejarla definitivamente en manos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), después de que el Gobierno de Ecuador decidiera el año pasado no renovar el convenio para el uso de la base por parte de EE.UU.
Aunque el acuerdo entre Bogotá y Washington aún se está negociando, es un hecho que los estadounidenses podrán utilizar tres bases militares de Colombia, con la posibilidad de que puedan hacer uso de otras dos.
El Gobierno del presidente Álvaro Uribe asegura que el objetivo del convenio es la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo dentro de las fronteras nacionales y con la ayuda de Estados Unidos, mediante la ampliación de la cooperación militar que ese país brinda a Colombia desde hace 50 años.
Si bien el Ejecutivo garantiza que no habrá pérdida de soberanía ni se crearán bases estadounidenses, ya que solo se permitirá usar las instalaciones bajo la autoridad de los militares colombianos, las críticas no se han hecho esperar.
Percepciones.
"Más que ser producto de un balance de las necesidades que tiene el país, opera más la decisión de ofrecer a Estados Unidos una alternativa" al cese de las actividades en Manta, dijo a EFE el sociólogo y experto en narcotráfico Ricardo Vargas.
El también director de Acción Andina y miembro asociado de Transnational Institute cree, además, que "el mensaje que se lanza hacia los países vecinos es preocupante porque Colombia es señalada como un país que está sirviendo de base para la presencia de Estados Unidos en el orden militar de la región".
A su juicio, "se ratifica la condición colombiana de ser un puente a través del cual Estados Unidos hace presencia en la región y eso, obviamente, tiene costos diplomáticos y políticos", porque los vecinos, en general, "ven a EE.UU. como un país no fiable".
El ex ministro de Defensa y precandidato liberal a la Presidencia colombiana, Rodrigo Pardo, criticó por su lado, la falta de transparencia del Gobierno porque -a su juicio- mediante ese acuerdo se crearía "una plataforma de operaciones de una fuerza militar y/o de inteligencia de otro país".
En un artículo publicado en el diario El Espectador, Pardo contempla la posibilidad de que esa plataforma vaya a operar en otros países desde territorio colombiano, lo que significa "un gesto de hostilidad" hacia las naciones vecinas.
"Es prestar nuestro territorio soberano para asuntos sobre los que no tenemos control", aseveró el ex ministro liberal.
Polémica.
Y si bien la polémica se ha extendido en Colombia, más aún fuera de sus fronteras.
Desde La Paz, el presidente boliviano, Evo Morales, calificó de "traidores de la patria" a aquellos políticos de América Latina que aceptan la instalación de bases militares estadounidenses.
Para Morales, los países latinoamericanos deben plantearse que "nunca más" haya bases extranjeras en la región para "hacer respetar la soberanía de los pueblos".
Ganancias.
Los expertos creen que desde el punto de vista político, esta concesión a Estados Unidos también tendría ganancias. Por ejemplo, podría ayudar a que el Congreso mantenga el presupuesto del Plan Colombia o como método de presión para agilizar la aprobación del TLC, que aún está en veremos.
Este gesto podría ser el as bajo la manga que requiere el Gobierno colombiano para persuadir a los congresistas estadounidenses de incluir el TLC con el país entre sus prioridades en septiembre próximo, al retornar su período de vacaciones y cuando normalmente suelen ocuparse sólo de temas domésticos.
Con lo cual el valor estratégico del convenio iría mucho más allá del terreno militar.
