Datos
- Reuniones
- La Casa Blanca ha mantenido más de veinte sesiones de escucha con defensores de derechos humanos y representantes empresariales.
- Familias
- De acuerdo con límites establecidos por el Congreso en 1990, 226,000 de las tarjetas de residencia que se conceden al año se reservan a la reunificación de familias.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, está estudiando una propuesta para duplicar el número de tarjetas de residencia (green cards) que se conceden al año en el país para beneficiar a trabajadores altamente cualificados y a familiares de estadounidenses y residentes, informó el diario The Washington Post.
Obama anunció hace dos meses que al final de este verano tomará acciones ejecutivas para arreglar lo máximo posible el sistema de inmigración del país, ante el estancamiento de una iniciativa legal para la reforma migratoria en la Cámara de Representantes.
Una de las propuestas que varios grupos empresariales y de inmigración han enviado desde entonces a la Casa Blanca consiste en ampliar hasta más del doble el número de personas al que se permite estar en el país con tarjetas de residencia, que actualmente tiene un límite global de 366,000, de acuerdo con el Post.
Creemos que la base de los cambios que usted tome debería estar centrado en abrir el sistema de inmigración legal para que más personas se beneficien, indica una carta enviada a la Casa Blanca por una coalición de negocios y grupos proinmigrantes liderada por el excongresista Bruce Morrison.
Un funcionario de la Casa Blanca evitó confirmar la información del Post, y señaló que el presidente no ha tomado una decisión respecto a próximos pasos y se negó a especular sobre cómo está sopesando las propuestas recibidas.
Acuerdo obliga a informar sobre las deportaciones voluntarias
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de EE.UU. dio a conocer un histórico acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna (DHS), mediante el cual se obliga a las autoridades federales a informar a los inmigrantes las consecuencias que conlleva la firma de una deportación voluntaria.
El acuerdo es resultado de una demanda que interpuso ACLU en junio de 2013 contra la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), en la que denunció que agentes de este organismo hostigaban y daban información errónea a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida del país.
Todavía hay mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que este acuerdo se esté implementando, señaló la abogada de ley fronteriza de ACLU en San Diego, Mitra Ebadolahi.
