Convencer a Cuba de que se reintegre en la Organización de Estados Americanos (OEA) es uno de los principales retos del uruguayo Luis Almagro, que asume mañana la secretaría general del organismo en un momento de acercamiento histórico entre Washington y La Habana.
Almagro, que forjó una buena relación con el gobierno de Raúl Castro en su época de canciller uruguayo (2010-2015), está bien posicionado para conversar con Cuba, pero no se espera que a corto plazo la Isla vuelva a ser miembro activo de la OEA, según las fuentes diplomáticas y expertos que fueron consultados.
“Se trata de un proceso que tiene sus propios tiempos, nosotros trataremos de impulsar un curso de acción para el pleno ingreso, sin violentar los intereses de los actores involucrados”, dijo una fuente del equipo de transición de Almagro.
La tesis general en la OEA es que no se puede ir de la nada al todo, por lo que la estrategia podría pasar por buscar proyectos concretos de colaboración que allanen el camino hacia el posterior reingreso de Cuba, el único país del continente que no participa en el organismo.
El secretario general saliente, José Miguel Insulza, se va “habiendo dejado la puerta abierta” para la vuelta de Cuba a la organización y reclama crédito por el papel de la OEA en el deshielo entre EE.UU. y la Isla.
Bajo su mandato se produjeron tres hitos en las relaciones entre la OEA y La Habana: en 2009 se levantó la suspensión de Cuba, en 2014 el chileno se convirtió en el primer secretario general en viajar a la Isla en cinco décadas y este año el país caribeño participó por primera vez en una Cumbre de las Américas.
“El mayor obstáculo para la reintegración de Cuba en la OEA es que deberá aceptar todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y firmar la Carta Democrática y, si lo acepta, tiene que cambiar su sistema político”, comentó una fuente diplomática.
La Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001 por la Asamblea General de la OEA en Perú, establece que la ruptura del orden democrático o su alteración en un Estado miembro constituye “un obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en las diversas instancias del organismo.
