En el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, los cancilleres de los tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador) acordaron realizar "esfuerzos trinacionales" para la prevención de la migración irregular y el tráfico ilícito de inmigrantes.
Así lo informó la cancillería guatemalteca en un comunicado tras una reunión de los tres funcionarios en la ciudad colonial de La Antigua, realizada en seguimiento a las acciones de la mesa de alto nivel "Llamado a la acción: Necesidad de protección en el Triángulo Norte de Centroamérica", que tuvo lugar en Costa Rica el pasado julio.
Este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, recibió a sus homólogos de El Salvador y Honduras, Hugo Martínez y María Dolores Agüero, respectivamente, y los tres coincidieron en la necesidad de "consolidar y reafirmar" una posición única sobre el incremento del flujo migratorio irregular hacia los países del norte, México y Estados Unidos.
Además, destacaron la necesidad de proteger a estas personas y hacer "énfasis" en las causas que los llevan a marcharse de sus países de origen, por lo que promoverán de manera conjunta acciones que garanticen "el pleno respeto a los derechos humanos, el debido proceso y el acceso a la asistencia y protección consular de las personas migrantes".
Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, es una de las zonas del mundo más violentas pese a que no se desarrolla una guerra convencional y esto afecta gravemente la vida de una región marcada por la pobreza que decidió emigrar de forma masiva a Estados Unidos y México, los principales destinos.
Para hacer frente a esta violencia y a la falta de oportunidades que provoca la migración, en febrero pasado, el presidente de EE.UU., Barack Obama, solicitó al Congreso una partida de 750 millones de dólares de ayuda a Centroamérica dentro del presupuesto de $50,100 millones para el año fiscal 2017.
Esos $750 millones se sumarían a los otros $750 millones aprobados por el Congreso en diciembre pasado para afianzar el fortalecimiento institucional de los países de origen del mayor grueso de indocumentados: Guatemala, El Salvador y Honduras, bajo el conocido Plan de la Alianza para la Prosperidad
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