La embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín, reabrió ayer en Bogotá la polémica sobre la reelección del presidente Alvaro Uribe o la prórroga de su mandato mediante un referendo, temas que originaron un candente debate el año pasado y el fracaso de un proyecto en el Congreso.
"Yo fui rival del presidente en la campaña política, pero con sinceridad pienso que lo está haciendo muy bien. Y con base en eso, vale la pena pensar en el tema, en la materia, no solamente para (beneficiar) el presidente Uribe sino en general" a la sociedad colombiana, dijo Sanín en declaraciones a la prensa.
La diplomática y ex candidata presidencial agregó que ya sea el caso de la reelección de Uribe o la prórroga de su mandato, "vale la pena dar un debate al tema, mucho más profundo".
"Esta fue una discusión que se dio en Brasil con posiciones muy parecidas a las de Colombia y se cambió la doctrina. Igual pasó en Argentina, por qué no puede pasar en Colombia", anotó.
Sanín, quien se encuentra en Bogotá acompañando a un grupo de empresarios, dijo que su planteamiento no es intervenir en política y que no participará en el debate, "yo simplemente lancé la iniciativa. Estoy en la embajada, pero sí sentí un deber de conciencia porque estamos a tiempo de estudiar el tema, si se plantea el próximo semestre o el año entrante, ya será tarde", dijo.
La propuesta de la embajadora, que ya había sido debatida en el Congreso el año pasado y que fue archivada, originó de inmediato una controversia entre parlamentarios de diversas corrientes políticas.
El senador liberal Rodrigo Rivera dijo al respecto que apoya la iniciativa "siempre y cuando se complemente con un blindaje burocrático, presupuestal y contractual para que no se manipulen electoralmente los instrumentos materiales del poder público".
Además, precisó, ello deberá incluir "elementos de igualdad en financiación de campañas y de acceso a los medios de comunicación del Estado para que tampoco exista un desequilibrio en la competencia política entre los gobernantes en campaña y quienes aspiren a sucederlos".
Mientras, el senador liberal oficialista, Héctor Helí Rojas rechazó la propuesta, y manifestó que aunque se podría realizar una reforma constitucional para tratar de establecer la reelección, "el Congreso ya rechazó en forma tajante un proyecto en ese sentido".
"Pero uno lo que se debe preguntar es si es función de los embajadores andar promoviendo la reelección de sus jefes. Muchos pensarían que la que quiere quedarse cuatro años más en España es Noemí Sanín. Me parece que los embajadores están para otros menesteres", agregó.
Samuel Moreno, del izquierdista Polo Democrático, dijo por su parte que no está de acuerdo con la reelección presidencial.
En cuanto a la Caja de Seguro Social (CSS) , propone frenar el crecimiento del déficit actuarial, invertir el 100% de las reservas de la CSS en títulos de deuda del Estado panameño a largo plazo que tenga rendimientos mayores al 8%.
Igualmente sostiene que nombrará a un administrador experimentado que "corrija" las deficiencias administrativas existentes, al tiempo que reestructurará las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva y cambiará todo el sistema de licitaciones de equipos, utensilios y medicinas para hacerlo transparente.
Asegura que atacará de raíz la corrupción. Para ello ha creado una estrategia que parte por la revocatoria del Decreto Ejecutivo que regula la Ley de Transparencia.
Y tal como lo ha hecho en su página web, asegura que propondrá introducir en la próxima reforma electoral la obligación de que todos los candidatos y partidos políticos den a conocer públicamente la lista de todos los donantes a sus campañas políticas. Afirma que le hará la guerra al nepotismo.
El candidato a la Presidencia por el Partido Solidaridad, Guillermo Endara, es consciente de que los principales problemas que aquejan a la ciudadanía panameña son la falta de empleo y la falta de seguridad, que son causa y efecto de la pobreza material -insoportable e imperdonable-, que golpea a la mitad de nuestros compatriotas.
El candidato de Solidaridad insiste en que no se puede comenzar a solucionar los problemas del desempleo y de la inseguridad, si no acaba antes con el monstruo de la corrupción imperante, dentro y fuera del gobierno.
Propone un gobierno transparente, cuyas actuaciones y uso de los fondos públicos no constituyan un secreto de Estado, guardado con el más celoso y cínico hermetismo.
Para lograrlo, promete que la frustrada Ley de Transparencia tendrá, la eficacia que merece. Postula la necesidad de apoyar a los hombres y mujeres del campo; la autonomía operativa y financiera del Canal de Panamá, "que promovimos en nuestra reforma a la Constitución y que ahora se hace objeto de maquillajes contables por parte del gobierno, así como todo lo relacionado con su ampliación y modernización, que requieren de una consulta popular por mandato constitucional".
Otro tema central para el candidato de Solidaridad es el permanente problema del transporte público que golpea a tanta gente humilde; la protección de los recursos naturales y de la ecología y la defensa del medio ambiente ante amenazas reales, como la construcción de caminos en Chiriquí para beneficiar a propietarios de fincas aledañas; la ineficiencia del Ente Regulador y de la Comisión de Libre Competencia y el Consumidor (CLICAC), que hacen sentir abusado y explotado al consumidor panameño, dejándolo huérfano de protección estatal; la falta de agua potable en tantas comunidades, gracias a un IDAAN inoperante; el centro financiero internacional, el sistema bancario y las instituciones que les dan apoyo; las aspiraciones de una juventud, que exige respuestas y oportunidades en la vida; el respeto a la libertad de expresión, sin presiones -económicas o de otra índole- como las que se ejercen hoy sobre los medios de comunicación.
Para el candidato de Solidaridad la educación panameña requiere de un salto cualitativo, ya que de nada vale brindar hoy a los jóvenes una formación que pudo ser útil principios del siglo pasado.
La expropiación de todas las unidades de transporte público en el área metropolitana y la creación de la Corporación Metropolitana de Transporte Público Colectivo es una de las propuestas de Endara
Las unidades serán avaluadas por expertos para indemnizar a sus propietarios. Y de estos pagos se descontarían las deudas que mantienen con el Banco Nacional, luego el resto será entregado al propietario del vehículo.
