Dos semanas antes de que asuma el poder, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, anunció dos iniciativas legales para reforzar la seguridad pública y luchar contra la corrupción, uno de los problemas endémicos del país.
Peña Nieto, que el 1 de diciembre relevará en la Presidencia de México a Felipe Calderón, lanzó sus iniciativas en un discurso que pronunció en un hotel de esta capital, acompañado por dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su grupo político.
Se trató de los anuncios más importantes que hace el gobernante electo en vísperas de su asunción presidencial, y que han estado precedidos por conjeturas de la prensa sobre las intenciones de Peña Nieto por reformar la estructura del Gobierno federal.
En ese sentido, Peña Nieto confirmó que su iniciativa de reforma de la administración pública implica reforzar las funciones de la Secretaría de Gobernación, un ministerio que en los últimos doce años tuvo un papel fundamentalmente político.
Ahora, Peña Nieto busca que ese departamento reasuma sus funciones de seguridad pública, que hasta el año 2000, cuando el PRI abandonó el poder, dependían de una subsecretaría de Gobernación y que luego pasaron a la flamante Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La Secretaría de Gobernación reformada, anunció Peña Nieto, se convertirá en la “rectora del sistema nacional de seguridad pública” y también se dedicará a prevenir el delito, administrar las prisiones y la vigilancia fronteriza, entre otras funciones.
Esas funciones están ahora bajo la SSP, creada en el año 2000, y que está condenada a desaparecer.
Expertos en seguridad venían clamando en favor de la desaparición de la SSP porque, entre otras razones, su creación implicó limar las funciones políticas que debe tener la lucha contra la inseguridad, la principal preocupación de los mexicanos.
El extitular del Sistema Nacional de Seguridad Pública Mayolo Medina, quien ocupó ese puesto en la última administración del PRI, considera que el problema de inseguridad en México debe ser visto como un “asunto de gobernabilidad”, no sólo como un asunto policial.
También han surgido problemas a la hora de compartir información que está disponible en la actual SSP.
