El presidente chileno, Ricardo Lagos, dijo ayer que la coalición de gobierno vive sus días más críticos desde que llegó al poder en 1990, tras un escándalo de corrupción que envió a la cárcel a ex funcionarios públicos y que sentó a parlamentarios en el banquillo de los acusados.
El terremoto político se originó en las últimas horas del viernes cuando un juez especial, que investiga una supuesta red de sobornos en la administración estatal, pidió el desafuero de seis diputados oficialistas y procesó a tres ex altos funcionarios, entre ellos un ex subsecretario de Lagos. "Lejos, yo creo que sí (es la peor crisis del oficialismo)", dijo el mandatario en una entrevista a la radio local Bío Bío.
Conmocionado aún por el fallo judicial y en un intento por acallar las voces críticas del electorado contra su administración, el gobierno anunció ayer una serie de medidas para combatir la corrupción entre sus colaboradores. Entre las medidas, Lagos renunció al derecho constitucional que le permite nombrar más de 3,000 funcionarios de gobierno, llamados de confianza, los que desde ahora serán designados a través de concursos públicos.
