Las elecciones presidenciales de hoy en Honduras probablemente serán las más vigiladas de su historia: unos 250 observadores internacionales de la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos seguirán la apretada disputa entre los dos principales candidatos.
La presencia de los observadores podría ser clave, pues las encuestas muestran un virtual empate entre el candidato del partido de gobierno y la candidata opositora, que es la esposa del presidente que fue derrocado en un golpe de Estado protagonizado por los militares. Muchos hondureños temen que la elección no se resuelva en las urnas sino mediante un fraude electoral.
“Es indudable que existe una creencia sobre la irregularidad del proceso electoral debido tanto a prácticas como percepciones al respecto”, dijo José Antonio de Gabriel, subjefe de la Misión Electoral de la Unión Europea en Honduras, uno de los encargados de verificar internacionalmente los resultados.
Ese temor al fraude se finca en que la plataforma política de Xiomara Castro es muy similar a la que provocó el derrocamiento en 2009 de su esposo, el entonces presidente Manuel Zelaya.
Castro propone convocar a una asamblea constituyente que “refunde al país” y cambie las instituciones y el sistema electoral. Aunque su bandera original de “socialismo democrático” se ha movido hacia el centro, muchos hondureños siguen creyendo que su programa es demasiado radical.
La campaña del candidato oficialista Juan Orlando Hernández, por su parte, se centró en el principal problema que aqueja al país: la inseguridad. Hernández propone como solución la creación de un cuerpo especial armado, la Policía Militar, que atacará la extorsión y violencia que padecen miles de hondureños.
El comercial político más difundido por su campaña muestra a varios soldados armados tomando el control de una ciudad mientras se escucha la voz del candidato que dice que hará “lo que tenga que hacer para recuperar la paz en el país”. Su estrategia política pareciera haber sido efectiva.
Hernández, de 45 años y expresidente del Congreso hondureño, descartó cualquier intento de fraude, asegurando que es un demócrata que va a “respetar lo que diga el Tribunal.
