El gobierno colombiano decretó ayer el estado de conmoción interior, un instrumento que le permitirá combatir lo que llamó “grupos armados cada vez con mayor capacidad destructiva” mediante medidas extraordinarias, entre ellas el toque de queda, otras restricciones de derechos ciudadanos y la creación de un impuesto de guerra.
El estado de conmoción interior, que rige por los próximos 90 días con posibilidad de ser reconducido hasta por otros seis meses, fue decretado la madrugada de ayer luego de cinco días de violencia exacerbada que comenzó con la posesión de Alvaro Uribe el miércoles y que ha dejado 115 muertos en todo el país.
El decreto permitirá al gobierno tomar medidas directamente relacionadas con el manejo de orden público, hasta ahora no conocidas pero cuyo perfil fue esbozado por la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez.
“Habrá necesidad de proceder con una mayor agilidad para poder hacer inspecciones, allanamientos cada vez que haya sospechosos de haber cometido actos terroristas o de pertenecer a organizaciones irregulares. Habrá la facultad para las autoridades locales de poder decretar en un momento determinado el toque de queda, restringir la circulación de personas y de vehículos en determinadas horas”, señaló la ministra.
El ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, señaló que “el gobierno tomó esa decisión, que se explica por la insuficiencia de los recursos y de los medios de que el país dispone por las leyes ordinarias previstas para tiempos de calma en estos momentos excepcionales”.
El gobierno “cuidará con obsesiva vigilancia el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, afirmó el funcionario.
Al amparo de este decreto, el gobierno tomó una primera medida, que consiste en el cobro de un impuesto de 1.2% a los patrimonios de más de 58,000 dólares, con lo cual el gobierno calcula recaudar unos 780 millones de dólares que serán destinados al fortalecimiento de la policía y el Ejército.
Vamos a aumentar en 10,000 hombres más la policía nacional, vamos a aumentar en 100,000 hombres los auxiliares de policía y ejército; vamos a contar con dos brigadas móviles adicionales con cerca de 2,500 soldados más”, dijo la ministra Ramírez.
También señaló que la interceptación de comunicaciones será uno de los pilares dentro de las medidas aunque aclaró que habrá un respeto por la libertad de prensa.
“El gobierno no piensa intervenir sobre la libertad de prensa, pero sí convocar cada vez más a los medios para que entendamos que es necesario que cierta exposición exagerada de lo que hacen estos terroristas casi que se convierte en apología de sus actos”, señaló.
“Lo que se quiere es que haya una colaboración mucho más eficaz de parte de los operadores de los sistemas de comunicación, especialmente en lo relacionado con la interceptación de teléfonos celulares y teléfonos fijos, porque sabemos que muchos de los ataques, secuestros y extorsiones se organizan a través de estos medios”, dijo.
Dirigentes económicos y políticos aún de izquierda se mostraron favorables a la conmoción interior, aunque algunos de ellos consideraron que es importante esperar cuáles serán las medidas que se tomen.
El principal dirigente de izquierda, Luis Eduardo Garzón, señaló que los grupos ilegales “dieron un argumento irrefutable al gobierno para declarar el estado de conmoción”.
Pero el líder izquierdista dijo temer que, al amparo del estado de excepción, se desate una cacería brujas contra supuestos auxiliares de la insurgencia, se violen los derechos humanos, se restrinja la oposición política, especialmente en las discusiones de unas cruciales reformas tributaria que se llevarán a cabo en breve en el Parlamento.
