Una mina mató a 13 pasajeros de un autobús e hirió a otros seis en la provincia afgana de Bamiyan, dijo un portavoz de Naciones Unidas ayer. El suceso ocurrió el sábado por la mañana cerca del lago Bandi Amir, al oeste de la ciudad de Bamiyan. La zona fue escenario de duros enfrentamientos durante los cinco años de gobierno del movimiento Talibán que fue derrocado el pasado año, dijo David Sing a periodistas.
"Según las informaciones que tenemos desde el lugar del suceso, 13 pasajeros murieron y otros seis resultaron heridos", explicó Sing. El portavoz dijo que Naciones Unidas había sido requerida para ayudar a la Fuerza de Asistencia de Seguridad dirigida por los turcos (ISAF, por sus siglas en inglés) en Kabul para trasladar a los heridos en helicóptero. Según Sing, los heridos y las víctimas mortales fueron trasladados al hospital de Bamiyan.
Explicó que el conductor del autobús había sido aconsejado por los vecinos del lugar para que se desviara de su ruta por el riesgo de encontrar minas terrestres, colocadas durante años de lucha entre talibán y Shiítas, facción de Hezb-i-Wahdat, que controlaba la mayoría del territorio central. La ONU estima que hay más de 10 millones de minas terrestres en Afganistán.
"Es una gran oportunidad, pero nada vale que nos mudemos al mejor lugar del mundo si el problema integral de la hípica no se resuelve".
Farrugia considera necesario renegociar el contrato existente entre los dueños de caballos y la empresa operadora en el aspecto relacionado con los porcentajes que se reparten de las utilidades del espectáculo.
José A. Pérez parece coincidir con Farrugia en ese punto y amenazó con renunciar públicamente a la Comisión si el gobierno no propicia que la empresa operadora mejore las condiciones de los dueños de caballos y de la actividad en general, sacrificándose un poco más.
El ingeniero Pérez estima que si eso no se logra la hípica no subsistirá más de tres años y, por lo tanto, debe darse un sacrificio compartido: el gobierno debe seguir ofreciendo el 3.25% que le corresponden al fondo de premios, la empresa debe seguir aportando medio millón de dólares anuales y los dueños de caballos deberán estar dispuestos a seguir perdiendo 4 millones anuales al menos durante el próximo trienio.
Con esta fórmula el gobierno justificará por qué va invertir en un negocio quebrado. La empresa operadora del hipódromo, por su lado, debe ser consciente de que el gobierno le entregará, sin ningún costo, un hipódromo nuevo valorado en 30 ó 40 millones de dólares y con la oportunidad de explorarlo por 20 años; así que gastar un millón y medio de dólares más en subsidiar a la actividad es lo menos que pueden hacer.
"El Estado tiene la obligación de exigirle al administrador que ponga los medios económicos que se necesitan porque él (Hipódromo Presidente Remón S. A.) va a recibir un beneficio de un hipódromo para explotarlo 30 años. Ellos tienen 7 millones en el hueco y el hipódromo está a punto de cerrarse, ahora tendrían ocho y 30 años para recuperar su plata", reflexionó Pérez y concluyó en que "este inversionista quiere que le den un hipódromo de 40 millones sin poner nada; tienen que poner un millón y medio para garantizar los 4 millones en premios y en eso tiene que obligarlo el Estado".
