El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, comenzó ayer los trámites para decidir si suspende cautelarmente de funciones al juez Baltasar Garzón, que tiene dos causas abiertas en el Tribunal Supremo.
La decisión del órgano de los jueces fue adoptada después de que el Alto Tribunal español rechazara archivar la querella abierta al juez por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y admitiera otra en relación con los cobros recibidos por el magistrado del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.
La comisión permanente de dicho órgano judicial se dirigió ayer a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede la suspensión de Garzón.
Según fuentes jurídicas, el fiscal previsiblemente se opondrá a la suspensión, ya que la postura mantenida hasta ahora por el Ministerio Público es que el juez no ha cometido delito de prevaricación en ninguno de los dos casos investigados por el Tribunal Supremo.
Por ello, ha pedido reiteradamente a este tribunal que archive la querella por prevaricación presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
La otra querella se refiere al dinero que Garzón percibió del Banco de Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.