El gobierno del presidente George W. Bush autorizó ayer 42 millones de dólares en ayuda a las fuerzas armadas colombianas, tras decidir que están haciendo suficientes esfuerzos por prevenir violaciones de los derechos humanos, dijo un funcionario estadounidense.
La "certificación", firmada en la mañana de ayer por el subsecretario de Estado, Richard Armitage, es un reconocimiento del Congreso estadounidense de que Colombia ha cumplido con las condiciones fijadas por Washington para recibir la ayuda.
La decisión no implica que Estados Unidos considera adecuado el historial de derechos humanos de Colombia, sino que está limitada estrictamente a las condiciones establecidas para suministrar ayuda a las fuerzas armadas colombianas en el presupuesto para el año fiscal 2002, dijo un alto funcionario.
Dos grupos de derechos humanos criticó la medida y dijo que Colombia no estaba haciendo avances en su historial de derechos humanos y que los militares no habían cumplido las condiciones establecidas.
En su proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2002, el Congreso condicionó la asistencia estadounidense a las fuerzas armadas colombianas a que el país cumpla con tres requisitos.
Los requisitos son: suspender a todo personal sospechoso de cometer violaciones a los derechos humanos o de instigar a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia; transferir personal militar a la jurisdicción civil cuando se le solicite y tomar medidas efectivas para romper los lazos entre las unidades militares y las AUC.
El Departamento de Estado firmó una certificación interina en abril, lo que hizo posible el desembolso de 62 millones de dólares, o 60 por ciento del total para el año fiscal, a las fuerzas armadas. La nueva certificación es para el 40 por ciento restante.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, al explicar la decisión del lunes, dijo que desde mayo las fuerzas armadas de Colombia han suspendido a 16 militares -entre ellos a seis oficiales- y dado de baja a 29 individuos sospechosos de tratar de encubrir muertes de civiles.
El funcionario dijo que el gobierno estadounidense recibió cartas de investigadores civiles colombianos indicando que las autoridades militares del país sudamericano han cooperado con sus investigaciones.
En los primeros ocho meses del año en curso, las fuerzas armadas de Colombia han matado a 160 miembros de los grupos paramilitares ultraderechistas y arrestado a 416, en comparación con 96 muertos y 590 arrestados en todo el 2001, agregó.
En los últimos tres meses, las fuerzas armadas colombianas han tenido 11 confrontaciones de gran envergadura con los paramilitares y han combatido algunas de las actividades principales que financian las operaciones de esos grupos, precisó el funcionario, quien pidió no ser identificado.
Sin embargo, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Estados Unidos, William Schulz, dijo en una declaración: "Decir que Colombia ha cumplido las condiciones relacionadas con los derechos humanos no es más que una farsa, ya que el país ha fracasado en hacer avances significativos...".
"Suministrarle fondos adicionales (a Colombia) en esta etapa es particularmente peligroso. El presidente Alvaro Uribe, quien lleva sólo un mes en su mandato, ha creado un ambiente que brinda poderes aún mayores a una fuerza militar que ya actuaba con impunidad", agregó.
Por su parte José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división estadounidense de la organización Human Rights Watch, dijo: "Todas las pruebas que hemos podido recoger muestran en forma consistente que hubo un deterioro en los derechos humanos en Colombia desde mayo".
Vivanco dijo a Reuters que el personal militar arrestado constituye principalmente elementos de baja jerarquía que después fueron liberados por falta de pruebas. Los 104 millones de dólares sujetos a las tres condiciones establecidas son sólo una parte pequeña de la ayuda de Estados Unidos a Colombia, el tercer favorecido por la ayuda norteamericana después de Israel y Egipto.
Estados Unidos ha dado a Colombia más de 1.000 millones de dólares en los dos últimos años para combatir el tráfico de drogas. Bajo una ley aprobada recientemente por Estados Unidos, Colombia puede usar también la ayuda para combatir a la guerrilla izquierdista, que Washington considera grupos terroristas.
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