El gobierno del presidente estadounidense, George W. Bush, ignorando el consejo de importantes aliados y causando la indignación de organizaciones de derechos humanos, renunció ayer a sus obligaciones legales con el tratado que creó la Corte Penal Internacional.
La decisión, formalizada en una carta a la ONU, significa que Washington se reserva el derecho a ignorar las órdenes de la corte, el primer tribunal permanente del mundo para juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.
Canadá y la Unión Europea expresaron decepción y lamentaron la decisión del gobierno de Bush, que ya había causado la ira de algunos aliados al abandonar el acuerdo de Kyoto sobre cambio climático y el Tratado de Misiles Antibalísticos.
El gobierno del ex presidente Bill Clinton firmó el tratado en el 2000 para que EU pudiera participar en las conversaciones sobre la creación de la Corte Penal Internacional (CPI).
La ONU declaró que la decisión de EU es "única y sin precedentes", pero señaló que el establecimiento del órgano judicial seguirá adelante. "Nunca ha pasado antes que EU no quiera ratificar un convenio donde el secretario general sea el depositario", manifestó Fred Eckhard, portavoz de Kofi Annan.
La carta enviada por la Administración Bush a la ONU deja claro que EU "no participará en el proceso" de creación de este órgano judicial. Eckhard, dijo que estaba en manos de los países que ratificaron el tratado decidir cómo lidiar con la medida estadounidense.
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