EU suspende ayuda militar a 35 países

Estados Unidos congeló ayer casi 48 millones de dólares en ayuda militar a 35 países, ocho en América Latina, por no subscribir acuerdos que eximan a sus ciudadanos de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), dijo el Departamento de Estado. "Desde la fecha de hoy, la asistencia militar que no se ha dado se congelará", dijo Brooke Summers, una portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado afirmó que los países afectados serán los que hayan ratificado el Estatuto de Roma, que establece el TPI, pero que no tengan acuerdos bilaterales que eximan a los estadounidenses de su jurisdicción. En esta categoría están ocho países de América Latina: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Colombia, que es el tercer mayor receptor de ayuda exterior de EU en el mundo tras Israel y Egipto, perdió cinco millones de dólares, según Richard Boucher, el portavoz jefe de ese Departamento, quien indicó que los fondos para la lucha contra el narcotráfico no se verán afectados. Los otros países afectados son Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Benin, Croacia, Dominica, Fiyi, Lesoto, Malawi, Mali, Malta, Namibia, Níger, República Centroafricana, Samoa, San Vicente y Granadinas, Serbia y Montenegro, Sudáfrica, Tanzania, Trinidad Tobago, y Zambia.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) protestó la decisión. HRW afirmó que EU usa "tácticas de matón" para conseguir que otros países se comprometan a no extraditar nunca a esta Corte a ciudadanos estadounidenses que estén en su territorio.
222Costa Rica, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay también están en la lista.
EU se opone al TPI porque afirma que sus ciudadanos -especialmente funcionarios y militares- podrían ser sujetos a juicios por motivos políticos.
El gobierno brasileño minimizó ayer la decisión de las autoridades de EU, afirmando en nota oficial que tal colaboración no es significativa. El gobierno brasileño reitera su interés en preservar las tradicionales relaciones y la cooperación entre las fuerzas armadas de los dos países", apuntó una nota emitida de la Cancillería.
La ministra de Defensa, Marta Lucia Ramírez, dijo que de inmediato la decisión de EU no tiene impacto sobre la ayuda militar que le suministra al país, pero admitió que podría afectar la cooperación del año fiscal 2004. El gobierno colombiano, renuente a emprender una batalla política en búsqueda de la aprobación de su Congreso para la demanda de EU, discute un acuerdo de 1962 que provee inmunidad a funcionarios de EU en este país.
En tanto, el vicepresidente de la Comisión de relaciones internacionales del Congreso colombiano, Jimmy Chamorro, dijo que la decisión estadounidense representa "una humillación innecesaria" para Colombia.
La idea de este órgano judicial se originó en 1948 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Recién en 1998 y tras superar intensas resistencias, una conferencia internacional en Roma, Italia, aprobó el estatuto de creación del Tribunal Penal Internacional (TPI), que hasta ahora sólo ha sido ratificado por poco más de 70 naciones y no es respaldado por importantes países como Estados Unidos, Rusia, China y la mayoría de los estados árabes.
Washington ha incluso firmado acuerdos bilaterales con 24 países para garantizar la inmunidad de sus ciudadanos. La Casa Blanca logró además la resolución 1,422 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger a sus soldados.
A partir de esta resolución, que se extendió durante otros 12 meses en junio de 2003, los efectivos de cualquier país no miembro del TPI que participen en operaciones de mantenimiento de paz autorizadas por la ONU no pueden ser llevados a juicio por este tribunal.
El TPI juzgará cuatro tipos de crímenes cometidos por individuos: genocidio, guerra, incluidos conflictos internos, lesa humanidad, agresión, incluyendo delitos de carácter sexual (violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, etc.) y de carácter racial como el "apartheid".
Como al momento de firmarse el Tratado de Roma, no hubo acuerdo sobre definiciones de actos terroristas, el tribunal se ocupará de estos casos, sólo si considera que tales actos representan crímenes de lesa humanidad.
El TPI no tiene competencia para imponer la pena de muerte. Si la gravedad del caso lo justifica, existe la prisión perpetua; la sentencia de prisión más larga se extiende hasta 30 años.