Por lo menos 14 personas murieron ayer cuando una bomba estalló frente a una concurrida tienda departamental en una ciudad del sur de Filipinas, una hora después de una advertencia de un grupo extremista musulmán, dijeron funcionarios.
Otras dos bombas explotaron consecutivamente cerca de las oficinas de Radio Mindanao y una terminal de autobuses en la ciudad de General Santos, situada aproximadamente 1,000 kilómetros al sudeste de Manila. En las explosiones 45 personas resultaron heridas. Entre los muertos había cuatro niños.
Una oficina de Radio Mindanao, en la cercana Koronadal, informó que recibió una llamada una hora antes de la primera explosión: un hombre se quejaba de la jactancia de la policía de que la ciudad está a salvo de ataques terroristas, y preguntó si la estación deseaba cubrir unos atentados que sucederían luego.
El gerente de la estación, Elmer Ubaldo, dijo que no transmitió la advertencia porque no deseaba causar pánico. Pero otra advertencia apareció en mensajes de texto de teléfonos celulares sobre 18 bombas que habrían sido plantadas en la ciudad y que empezarían a estallar después del almuerzo.
El hombre se identificó como Abu Muslim al-Ghazie y dijo que representaba a Harakatul al-Islamiyah, el nombre oficial del grupo Abu Sayaf. Pero un vocero de esa organización dijo que no tenía conocimiento de que su grupo estuviera relacionado con los atentados. El jefe de policía George Aquisap culpó a terroristas no identificados.
El pago de B/.2,000 mensuales a los legisladores suplentes está vigente desde la pasada Asamblea, año en que fungía como presidente el legislador Gerardo González, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Anteriormente devengaban la mitad de ese monto.
A pesar de que este pago está vigente desde hace varios años, hasta el momento no está establecido en ninguna ley, decreto o norma, salvo en la Ley de Presupuesto General del Estado, razón por la cual no se requeriría de algún cambio legal para eliminarlos.
Los legisladores suplentes están protegidos por el fuero electoral que impide que se les despida de los cargos que desempeñan en el Estado, razón por la que muchos de los que son oposición mantienen algún cargo en diversas instituciones oficiales, mientras que los de Gobierno han conseguido un puesto en la actual administración.
Corresponderá a la actual directiva de la Asamblea evaluar la situación y determinar si al momento de elaborar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2003, incluye o no la partida para el pago de los emolumentos a los suplentes.
