La falta de resultados definitivos del recuento de los votos de los comicios presidenciales y legislativos del pasado domingo en Ecuador, disparó las denuncias contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las peticiones de juicios políticos y penales a sus miembros.
En el Congreso se recogieron firmas para promover el enjuiciamiento político de los miembros del TSE en la Cámara y algunos diputados sugirieron su procesamiento penal, como es el caso de Segundo Serrano, del Partido Socialista.
El presidente del TSE, Xavier Cazar, calificó de "rumores infundados" las informaciones sobre su posible procesamiento, tras recordar que gozan de "fuero de Corte Suprema de Justicia (CSJ)", por lo que sólo esa instancia podría procesarlos.
Sin embargo, el diputado Serrano, tras reconocer que los vocales del TSE tienen inmunidad, apuntó que "esa inmunidad no es para caso de delito flagrante", que en su opinión han cometido.
El fiscal de Quito, Washington Pesántez, prosigue la investigación sobre la empresa brasileña E-vote, contratada por el TSE para hacer el recuento rápido de votos tras los comicios del domingo y ofrecer los resultados en pocas horas, lo que no hizo.
Según las investigaciones, la empresa no estaba registrada en Ecuador y no tenía experiencia en el trabajo para el que se la contrató.
De momento, sigue vigente la prohibición de salir del país para Santiago Murray, responsable legal de E-vote en Ecuador.
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