FARC no entrega cadáveres porque probaría masacre

El ministro colombiano de Asuntos Exteriores, Fernando Araujo, cree que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no devolverán los cadáveres de once diputados muertos mientras estaban secuestrados porque así "entregarían las pruebas materiales de su asesinato".
En una entrevista que publicó el diario "La Razón", Araujo recuerda ocasiones en que la guerrilla no ha devuelto los cuerpos de otras víctimas y añade que, en este caso, al "entregar los cuerpos, (las FARC) entregarían las pruebas materiales de su asesinato" y que no tendrán cómo mantener la tesis de que fueron víctimas de un fuego cruzado.
El ministro Araujo asegura que el Gobierno no tiene informes de inteligencia sobre estas muertes, aunque matiza: "la lectura que hacemos es que fue un asesinato a sangre fría por razones que desconocemos".
El 28 de junio pasado, las FARC anunciaron que once diputados que mantenía secuestrados desde hace un lustro murieron "en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar" atacó el campamento donde se encontraban.
Según Ghazi, varias explosiones ocurridas el domingo causaron el derrumbe de dos habitaciones de la madrasa femenina que forma parte del complejo de la mezquita, en las que fallecieron 280 alumnas y 25 alumnos.
El portavoz del Ejército, el general Waheed Arshad, admitió que se han podido producir "algunas muertes".
El clérigo radical, que cada día se comunica con el exterior a través de canales privados de televisión, afirmó que han enterrado los primeros 40 cadáveres en un fosa dentro del recinto.
Jamia Hafsa, la escuela religiosa para mujeres, y el seminario de hombres afiliado a la Mezquita Roja, exigía la imposición de la ley islámica en el país. Sus clérigos empezaron a enviar "brigadas morales" a recorrer la capital paquistaní para "prevenir pecados y promover la virtud", un concepto que había sido institucionalizado primero en Afganistán por el Talibán.
Estas "brigadas morales", compuestas de hombres y mujeres armados, se paseaban por la ciudad amenazando a dueños de tiendas de música y secuestrando mujeres a las que acusaban de administrar prostíbulos.