El presidente colombiano, Alvaro Uribe, dijo ayer que en materia de un acuerdo humanitario que permita la libertad de secuestrados en poder de la guerrilla "no me van a poner a bailar al ritmo de las FARC", en respuesta a críticas que le hicieron la víspera cuatro ex presidentes.
"No me van a poner a bailar al ritmo de las FARC. Este es un estado de derecho, un gobierno democrático, respetuoso de la ley", señaló. El presidente de Colombia, viajó ayer a Washington para reunirse con su colega estadounidense, George W. Bush, y responsables de los departamentos de Estado, Defensa y Comercio, informaron fuentes oficiales en Bogotá.
Bush y Uribe pasarán revista hoy a varios asuntos de la agenda bilateral, en la que se destacan los temas de la lucha antidrogas y contrainsurgente y el comercio, señaló un portavoz de la Casa de Nariño.
Pero, el mandatario de turno, Ernesto Pérez Balladares, rechazó reanudar el contrato con Van Dam, porque según expresó "me trae muy malas memorias". Pérez Balladares respondió que el gobierno ``no pagará nada"" al consorcio que inició esta construcción, si no existe un dictamen claro de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de Pérez Balladares fue respaldada en ese momento por su antecesor, Guillermo Endara, quien manifestó que "en realidad ese proyecto nos trae muy malas memorias a todos los panameños, porque se despilfarraron más de ocho millones y se entregaron a conocidos miembros del PRD"".
Pérez Balladares fungía como ministro de Hacienda y Tesoro para la firma del contrato en 1980, pero en 1995 la Corte Suprema de Justicia lo exoneró de cualquier responsabilidad. El ex mandatario Aristides Royo, y su vicepresidente Ricardo De La Espriella fueron investigados, pero nadie resultó culpable.
En 1983, cuando se ordenó la suspensión de los trabajos, a raíz del escándalo mayúsculo que envolvió a todo el proceso, el Gobierno había pagado al consorcio Van Dam más de B/.25 millones.
Pero en 1986, en vista de que las autoridades no decidían qué hacer, el consorcio presentó una solicitud de arbitraje, exigiendo la ejecución del contrato, así como el pago de las cuentas y otros compromisos. La oposición de la época aseguró que la obra fue suspendida debido a la malversación de los fondos y a un desfalco multimillonario.
Barbero dijo, al respecto, que siente que la suspensión se dio por razones políticas, ya que por la muerte de Omar Torrijos en 1981, se desataron en el gobierno una serie de disputas, y se intentó acabar con la imagen del difunto general. El puente era una de sus principales obras, y por eso la atacaron.
