El FBI ejecutó en Puerto Rico la mayor operación de su historia contra la corrupción policial relacionada con el tráfico de drogas con la detención de más de un centenar de agentes y funcionarios.
Los detenidos en la operación incluyen a oficiales de la Policía de Puerto Rico, policías municipales, agentes del Departamento de Prisiones, miembros de la Guardia Nacional y ex oficiales de ley y orden, entre otros.
Las capturas son el resultado de la operación “Guard Shack”, traducida al español como “La caseta del guardián”, en la que intervinieron cerca de mil agentes del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) llegados a la isla caribeña desde distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
Los cargos contra los acusados incluyen conspiración con intención de distribuir drogas, intento de distribuir estupefacientes y la utilización de armas de fuego durante la comisión de crímenes relacionados con el narcotráfico.
El gran jurado encargado del caso acusó a un total de 133 policías, funcionarios públicos, militares, ex oficiales del Ejército y civiles, de los que ya fueron arrestados 130 durante el transcurso del día.
El secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder, destacó que la operación es considerada la más importante ejecutada hasta el momento por el FBI por el número de detenidos, los agentes implicados y la logística que envolvió el operativo.
Holder aclaró que a pesar del tamaño de la operación y el nivel de corrupción detectado “la mayoría de los oficiales del orden público en Puerto Rico son honestos y trabajadores”.
El jefe del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, explicó en San Juan -paralela a la que ofreció Holder en Washington- que los pliegos de acusación son el resultado de las investigaciones llevadas a cabo entre julio de 2008 y septiembre de 2010.
Los acusados proporcionaban, presuntamente, protección armada a narcotraficantes durante las operaciones de compra y venta de droga que tuvieron lugar durante ese periodo.
El “modus operandi” que seguían los acusados consistía en registrar a los compradores de droga, proteger con armas de fuego a los traficantes y vigilar los alrededores de los lugares donde se llevaban a cabo los intercambios.
Los acusados además realizaban labores de inteligencia en relación a la presencia de la Policía en los alrededores de los lugares donde se producían los intercambios, trabajo por el que recibían pagos de entre $500 y $4,500.
