El fiscal que investiga el atentado contra una sede judía de Buenos Aires en 1994 acusó a la presidenta Cristina Fernández y a otros miembros del gobierno de negociar con Irán la impunidad de los acusados de ese país por el ataque y pidió su declaración indagatoria.
En un escrito que la Fiscalía hizo llegar a varios medios de comunicación, el fiscal Alberto Nisman acusó a la mandataria "y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA... La presidente y su canciller tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina".
La denuncia del fiscal quedó radicada en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien será el que decida si da lugar a la acusación y cita a la mandataria y a los demás funcionarios.
Entre los acusados por el fiscal se encuentran el canciller Héctor Timerman, un diputado nacional oficialista, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, un ex juez y un ex fiscal. Nisman solicitó, además de la citación judicial de cada uno, que se trabe un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos (unos $23 millones).
"Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad. Buscaba acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo y hasta venderle armas", dijo Nisman en su escrito.
Según el fiscal, el canciller Timerman celebró "acuerdos secretos con Teherán" para llevar a cabo una "maniobra criminal" que incluyó "el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados así liberar de su responsabilidad a los acusados iraníes".
El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 200.
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