El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández, y otros funcionarios a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, una decisión que fue aplaudida por la oposición y sobre la que el Gobierno no se pronunció hasta ahora.
Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas por encubrimiento y, en el caso de los funcionarios, por posible incumplimiento de los deberes que les corresponden.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutual judía Amia, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.
Tras la presentación de Pollicita, el juez Daniel Rafecas canceló sus vacaciones y reasumirá sus funciones el miércoles 18, cuatro días antes de lo previsto, según difundió el Centro de Información Judicial (CIJ).
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado”, según la presentación difundida en la página web de la Fiscalía argentina.
Además, el fiscal también considera que las acciones del Gobierno “podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El pedido de imputación también alcanza a Andrés Larroque, a Luis D’Elía, al dirigente islámico Jorge Yussuf Khalil, entre otros.
