La Fiscalía Federal mexicana asumirá la investigación de la matanza de 72 inmigrantes en un rancho del norteño estado de Tamaulipas, por considerar que es un delito federal, informó el portavoz gubernamental en materia de seguridad, Alejandro Poiré.
Poiré explicó que “la Procuraduría General de la República decidió atraer las investigaciones en las próximas horas para garantizar una indagación debida y poner a los responsables en manos de la Justicia”.
El portavoz ratificó la decisión del Gobierno mexicano de mantener su lucha contra el crimen organizado para evitar “que se vuelvan a repetir episodios tan lamentables como el de esta semana”.
Calificó la matanza como “hechos terribles y lamentables” y dijo que el Gobierno mexicano ha expresado sus condolencias a los Gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil, ya que las víctimas identificadas hasta el momento son ciudadanos de esos países.
Las autoridades mexicanas habían identificado hasta a 31 de las 72 personas asesinadas, de las cuales 14 son hondureños, 12 salvadoreños, 4 guatemaltecos y uno brasileño. Las 31 personas fueron identificadas gracias a diversos documentos que portaban.
Testigo.
Luis Freddy Lala Pomavilla, el ecuatoriano que sobrevivió a la masacre de 72 migrantes, rechazó una visa humanitaria que le ofreció México.
Lala Pomavilla espera que mejore su estado de salud para apoyar a su repatriación a Ecuador, precisaron funcionarios federales que pidieron no ser identificados.
El testigo relató que cinco vehículos interceptaron en una carretera el autobús en el que viajaban los migrantes. Más de 10 hombres descendieron y se identificaron como Zetas.
Los migrantes fueron atados de las manos y llevados a un rancho, donde Los Zetas les exigieron trabajar para ellos.
