La Fiscalía colombiana registró ayer la sede del Servicio de Inteligencia en Bogotá para investigar las denuncias que desde allí se realizaron escuchas telefónicas y espionaje de correos electrónicos a opositores, jueces, periodistas y otras personalidades del país.
El fiscal general, Mario Iguarán, anunció que hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía iniciaron las inspecciones y registros en las salas internas y externas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia).
También se revisaron "los equipos tácticos que operan a través de satélites que permiten ubicar la información en el espectro electromagnético, como también los equipos de interceptación portátiles de correos electrónicos y de celulares", dijo.
Iguarán informó que el propósito principal de la investigación es saber "quién está ordenando las chuzadas (interceptaciones telefónicas) y quién está utilizando la información".
"Hemos destacado dos fiscales delegados ante la corte y diez expertos exclusivos para esta investigación. Se harán inspecciones para saber quién está ordenando estas investigaciones", enfatizó.
Revisión.
El funcionario aseguró que se hará una revisión total de todos los sistemas y, de ser necesario, por la gravedad del caso, se va a disponer la suspensión de la sala de interceptación del DAS.
"Se han ordenado, además de este registro a las instalaciones del DAS, entrevistas a las personas de inteligencia, contrainteligencia, inspecciones a los protocolos, a los libros, todo para establecer responsabilidades de carácter penal", explicó.
El director del DAS, Felipe Muñoz, destacó, por su parte, que habrá una plena colaboración de esa entidad con la Fiscalía para que pueda realizar todas las pesquisas del caso.
"Aquí no hay ningún enfrentamiento ni ningún allanamiento ni ninguna toma, lo que hay simplemente es el cumplimiento de unas decisiones que ha tomado el director del DAS y en cumplimiento de eso está acá el CTI de la Fiscalía para iniciar la investigación", dijo.
Además, afirmó que existe una plena colaboración para que se pueda empezar el proceso de investigación por las escuchas telefónicas y el espionaje de correos, el que "debe llegar hasta las últimas consecuencias".
"Hay toda la coordinación con la Fiscalía y es simplemente un proceso judicial que le permita dar tranquilidad a la ciudadanía", concluyó.
