El Tribunal de Nápoles acogió hoy otra audiencia sobre el presunto caso de extorsión a la empresa italiana Impregilo por parte de autoridades panameñas, una vista en la que, por primera vez, estuvieron presentes dos funcionarios de la fiscalía de Panamá.
Se trata de los funcionarios Greta Marchosky y Ramsés Barrera, que, según afirmó el periodista español Joan Solés a Efe, estuvieron presentes durante la vista como "observadores".
Solés fue llamado a declarar como testigo por el Colegio de Jueces napolitano por sus investigaciones periodísticas sobre este caso de presunta corrupción internacional y por la conversación que mantuvo el pasado 19 de junio de 2013 con el acusado en este caso, el italiano Valter Lavitola, exdirector del diario "Avanti".
Lo que se trata de esclarecer en este proceso judicial es si autoridades panameñas, gracias a la presunta mediación de Lavitola, presionaron a empresas italianas para llevar a cabo la construcción de un hospital pediátrico en la región central de Veraguas, promesa incumplida del exprimer ministro de Italia, Silvio Berlusconi.
Según la acusación, las empresas deberían construir este hospital a cambio de futuras licitaciones.
Uno de los testigos llamados a declarar fue el exdirector comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzessere, que comparte imputación con Lavitola en otro caso paralelo de supuestos sobornos a autoridades panameñas a cambio de licitaciones que comenzará el próximo 23 de junio en Roma.
El Colegio de Jueces también solicitó la comparecencia del embajador de Italia en Panamá, Giancarlo Curcio, si bien este no se presentó alegando problemas de agenda.
La próxima audiencia de este proceso judicial ha sido convocada para el 12 de junio, cuando deberán comparecer como testigos el expresidente de Impregilo, Massimo Ponzellini, y el administrador delegado, Alberto Rubegni.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
