El funeral por los seis soldados paracaidistas se ofició en la sede de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama y contó con la presencia de las principales autoridades civiles y militares del Estado.
Además de don Felipe y doña Letizia se presentaron varios dignatarios.
Fue el príncipe el encargado de imponer, a título póstumo, la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo a cada uno de los fallecidos: Jonathan Galera, Juan Villora, Manuel David Portas, Yeison Castaño, Yhon Edison y Jefferson Vargas, todos ellos de entre 18 y 21 años.
Los tres últimos son de origen colombiano, y mientras que los restos mortales de Castaño y Edison permanecerán en España, los de Vargas partieron en un avión de la Fuerza Aérea Española con dirección a Colombia.
Ese traslado no se vio afectado por la decisión del juez Grande Marlaska de abrir una investigación por el atentado en el que murieron los seis militares, decisión en la que prohibió que los cadáveres sean incinerados.
El magistrado, que ha actuado de oficio, pidió ya informes sobre lo sucedido a los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores.
Su actuación la decidió en aplicación de la ley del Poder Judicial que establece la competencia de los tribunales españoles "para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española" como delito de terrorismo.
Se iniciaron los trámites para conceder las indemnizaciones y pensiones correspondientes a los familiares de los seis fallecidos.
Los beneficiarios, en este caso los padres porque todos estaban solteros, percibirán 140, 000 euros ($187, 600), según la legislación que regula las indemnizaciones a los participantes en operaciones de paz y seguridad.
