Se calcula que en los últimos cinco años, cerca de un millón de ecuatorianos han abandonado el país, en busca de un mejor futuro para sus familias.
Este fenómeno se debe a diversas circunstancias, entre las que se encuentran las económicas, políticas y fronterizas.
De acuerdo con un informe del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes de Ecuador, el desplazamiento de ecuatorianos es una realidad que aún no está adecuadamente dimensionada.
La mayoría de los que abandonan el país tienen como lugares de destino naciones europeas.
Una de las que registra un mayor interés por los ecuatorianos es España, donde logran trabajos en el sector de la construcción y otras clases de empleos, y donde es muy fácil adaptarse por el idioma.
Según datos de las autoridades españolas, por lo menos unos 8,000 ecuatorianos se encuentran en la localidad de Lorca (Murcia, sureste de España).
Italia, Alemania, Holanda, también son codiciadas por los ciudadanos suramericanos, pero con la diferencia de que su proceso de adaptación es mucho más complicado por la barrera del idioma.
En los últimos dos años, llegar a estos países europeos se ha convertido en una hazaña difícil de lograr, dado que se están realizando cambios para minimizar el ingreso de ilegales en estos países, con el fin de mantener un equilibrio económico el cual ha ido colapsando.
Unión Europea.
A mediados de junio de este año, los miembros de la Unión Europea aprobó una serie de medidas para expulsar a los ilegales.
La medida ha sido rechazada por países como Ecuador, México, y otros de la región centroamericana.
España avanza.
El Gobierno español aprobó recientemente el llamado Plan de Ayuda al Retorno Voluntario.
El Gobierno cree que unos 100,000 inmigrantes de 19 países, en su mayoría marroquíes, ecuatorianos y colombianos, podrían acogerse a esta medida.
La idea es que los trabajadores que se acojan a la propuesta del Gobierno perciban un adelanto del 40% de su prestación de desempleo antes de abandonar España, y el resto, un mes después de llegar a su país, pero tendrán que esperar tres años antes de volver a solicitar autorización para vivir y trabajar de nuevo en España.
El Gobierno español ha explicado que el objetivo del plan es favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional, y que cuenten también con ciertos recursos para continuar trabajando allí.
Desacuerdo.
La presidenta de la Asociación ecuatoriana "Rumiñahui", Dora Aguirre, dijo que considera "poco efectiva" la medida y que, además, no garantiza el retorno "porque el Gobierno se reserva el derecho" de permitir el regreso de las personas que se acojan.
Según Aguirre, el monto que pueda percibir un trabajador como subsidio, un promedio de 7,000 euros ($9,900) según su estimación, "no es atractivo" porque a eso hay que sumarle costos como el desplazamiento de una familia.
La presidenta de "Rumiñahui" expresó que el sentir de los inmigrantes es que "a pesar de la crisis", están mejor en España que en sus propios países porque en ellos "no tienen trabajo ni vivienda dignos, estado de bienestar ni condiciones adecuadas para la educación de los hijos".
