El juez español Baltasar Garzón afirmó ayer en Bolivia que una eventual anulación de las llamadas "leyes de perdón" en Argentina repercutirá en su pedido de arresto preventivo con fines extraditorios que planteó contra 45 militares y un civil de ese país.
"Si la decisión (de anulación) se produce, pues sin lugar a dudas va a producir efectos muy concretos", manifestó en conferencia de prensa el magistrado, de 47 años, quien cumple en Bolivia una visita privada.
Garzón se refirió a declaraciones del presidente argentino, Néstor Kirchner, quien el miércoles dijo que el Congreso o la Corte Suprema podrían anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que beneficiaron a militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar de su país (1976-1983). El juez español dijo ser "respetuoso con las leyes que las autoridades judiciales o políticas, en su caso, tomen", tanto en el ámbito nacional como internacional.
Por su parte, familiares de las víctimas de la última dictadura militar argentina dijeron ayer que "para terminar con la impunidad" deben ser juzgados en el país los represores que han sido detenidos y pueden ser extraditados a España. Además, pidieron al Parlamento que anule dos leyes aprobadas en la década de los años 80 que eximieron de responsabilidad a más de un millar de acusados de cometer crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983.
