Representantes gubernamentales buscan un acuerdo con grupos que han prometido boicotear la consulta.
Una misión del gobierno sostenía ayer negociaciones con indios guaraníes que controlan un tramo de la carretera entre Santa Cruz y la localidad petrolera de Camiri (sudeste), a tres días de un referendo sobre hidrocarburos en Bolivia.
En el camino, a la altura de la comarca de Tatarenda, distante a unos 200 km de Santa Cruz (distante 900 km al este de La Paz), más medio millar de vehículos se encontraba varado ayer, según reportes de radio.
Los indios guaraníes, tercera etnia mayoritaria en el país, exigen al gobierno de La Paz, titulación de tierras.
También han amenazado con cerrar la carretera que vincula Santa Cruz con el departamento (provincia) de Beni, en el nordeste amazónico del país.
Las gestiones transcurrieron luego que otra misión oficial acordó con campesinos del este boliviano la reapertura de una válvula de un gasoducto a Argentina, que provocó el miércoles, la interrupción de la exportación de gas boliviano a ese país.
La Policía boliviana no halló indicios de un supuesto plan sedicioso contra el Gobierno del presidente Carlos Mesa, aunque realiza operaciones contra las amenazas de boicot al referendo, confirmaron fuentes oficiales.
La investigación del presunto complot, del que se señala como responsables a militares y policías en retiro, fue destacada ayer por la prensa boliviana, pero, según el director general de Prevención de Conflictos del Ministerio de Gobierno (Interior), Gregorio Lanza, "no hay indicios, no existe nada".
El rumor comenzó con la aparición de panfletos que hablan de esa conspiración golpista, pero no tuvo crédito en los organismos de seguridad del Estado.
La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto y otros sectores sindicales, han convocado a sabotear el referendo y a quemar urnas el día de la votación.
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