El gobierno de Colombia admitió ayer que existen discrepancias internas sobre un proyecto de ley que establece castigos para los desmovilizados acusados de crímenes atroces, que llevó incluso a la renuncia del comisionado de paz, no aceptada por el presidente Alvaro Uribe.
El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, aseguró que el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, no está de acuerdo con la redacción del proyecto de ley que él, en nombre del gobierno, presentó el pasado lunes para que empezara a ser discutido en las sesiones extraordinarias que iniciaron el martes en el Congreso.
"El comisionado discrepa en el sentido de que la redacción del proyecto dificulta la desmovilización. Yo creo que no", declaró Pretelt a la prensa.
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