El Gobierno de la provincia de Buenos Aires incorporará 2,000 civiles en las comisarías para tareas administrativas con el fin de sumar más policías a la calle, en momentos en que la inseguridad representa la mayor preocupación para la población argentina, confirmaron ayer fuentes oficiales.
La medida “forma parte de un programa integral para intensificar la prevención del delito” en la mayor provincia argentina y es necesario que se complemente “con medidas judiciales, como la restricción de las excarcelaciones para quienes utilicen armas de fuego”, sostuvo el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en declaraciones radiales.
Las dependencias de la provincia, donde se registran los mayores índices de delitos del país, sumarán así 2,000 personas de entre 18 y 35 años con estudios secundarios completos, aunque no necesariamente con formación policial, explicaron los portavoces.
Los nuevos empleados, que no portarán armas y estarían en funciones antes de fin de año, se dedicarán a la atención telefónica, la recepción de denuncias, trámites judiciales y el traslado de documentación.
“Vamos readecuando permanentemente (la fuerza) de acuerdo con la necesidad operativa que veamos para que la gente viva más tranquila y segura. El delito va mutando”, indicó a radio Diez Scioli, señalado como candidato a la reelección en los comicios de este año.
En diciembre pasado, la presidenta argentina, Cristina Fernández, lanzó un plan para reforzar la seguridad con 6,000 oficiales de la Gendarmería de un poblado bonaerense.
En aquella ocasión, Fernández consideró que no se pueden “ignorar” los problemas de seguridad del lugar, donde residen casi 10 millones de personas.
