El Gobierno de Costa Rica reiteró su posición de que el nombramiento como ministro de la Presidencia del exobispo luterano Melvin Jiménez no contraviene la Constitución Política.
El presidente Luis Guillermo Solís y el ministro Jiménez entregaron ayer a la Sala Constitucional su respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta en junio por un ciudadano de apellido Orozco, informó la Presidencia.
Orozco expuso que con el nombramiento de Jiménez se violó el artículo 142 de la Constitución, que establece como uno de los requisitos para ejercer como ministro “ser del estado seglar”, y pidió que se declare nula la designación.
La contestación a la Sala indica que “el concepto de estado seglar, requisito para acceder a ciertos cargos públicos, solamente implica que la persona no pertenezca al estado clerical, es decir, al clero de la Iglesia católica”.
Agrega que Jiménez forma parte del estado seglar, “ya que la Junta Directiva de la Asociación Iglesia Luterana Costarricense lo dispensó de todas sus órdenes ministeriales (presbiterado y obispado)”.
El texto afirma que “el nombramiento del ministro de la Presidencia no lesiona los derechos fundamentales a la igualdad y a la libertad religiosa”.
El Gobierno pidió a la Sala Constitucional que rechace de plano la acción o que se declare sin lugar.
