El Gobierno colombiano y las Farc solicitaron una misión de observadores de las Naciones Unidas para que supervise un próximo alto el fuego bilateral y el proceso de dejación de armas.
"Hemos decidido crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación", expresó un comunicado conjunto leído en La Habana, donde las partes adelantan conversaciones de paz que podrían llevar al fin del conflicto armado que vive el país hace más de cinco décadas.
Los negociadores anunciaron que habían solicitado a las Naciones Unidas la creación de una comisión política con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Gobierno y miembros de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe.
El grupo de "observadores no armados" tendrá un mandato de 12 meses prorrogables, indicó el comunicado leído por los garantes cubano y noruego de la Mesa de Diálogo.
Además de Cuba y Noruega, también son acompañantes del proceso Chile y Venezuela.
Los observadores de la misión tendrán plenas garantías de seguridad, tanto desde las Farc como desde el Gobierno colombiano, indicó el comunicado.
"El paso que hemos dado es esencialmente significativo en el camino hacia el fin del conflicto", dijo el jefe de la delegación colombiana, Humberto de la Calle.
"El acuerdo al que lleguemos sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral definitivo contará con la verificación y el monitoreo de un organismo internacional".
Los rebeldes insisten en que un cese real, bilateral, sería un gesto de camino al diálogo en desarrollo en Cuba, pero hasta ahora el presidente Juan Manuel Santos rechazó esa propuesta.
Por su parte, el comandante Iván Márquez mostró su satisfacción con la iniciativa elevada al secretario general de las Naciones Unidas para la conformación del mecanismo verificador.
"Es un hecho que las conversaciones en busca de la anhelada reconciliación han entrado en una etapa definitiva", dijo Iván Márquez.
Procurador: Acuerdo con las Farc es ‘pacto de impunidad’
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, le manifestó a la Corte Penal Internacional (CPI) a través de una carta, que el acuerdo sobre justicia entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc "es un pacto de impunidad".
Ordóñez envió una misiva a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, en la que le expone varias razones de sus críticas al acuerdo de justicia logrado en diciembre pasado con el grupo guerrillero, en el marco del proceso de paz que llevan a cabo en Cuba desde 2012.
"El acuerdo estimula la repetición de los crímenes atroces en el país y el surgimiento de nuevas víctimas al dar a los grupos armados ilegales que permanecerán después de su firma la certeza de no ser objeto de penas de reclusión”.
