El gobierno colombiano y los paramilitares destaparon sus cartas en el inicio de una negociación de paz que busca desmontar esos grupos, y en la que el futuro jurídico de unos 20,0000 combatientes se vislumbra como una de las mayores dificultades.
Las partes presentaron por primera vez sus propuestas de agenda durante la instalación el jueves de la mesa de diálogo en el poblado de Santa Fe de Ralito, epicentro de un enclave de 368 km creado por el gobierno para albergar las conversaciones por un período prorrogable de seis meses.
Estos derroteros fueron dados a conocer por el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, y el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, y en su enunciación presentan grandes similitudes, salvo en lo relativo a la situación en que quedarán los crímenes de los paramilitares.
Sobre este aspecto Restrepo recordó que hay delitos que "no pueden ser indultados ni amnistiados, y que por tal razón el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley" que "establece un balance adecuado entre los intereses de la justicia y los intereses de la paz".
Los paramilitares, acusados de cientos de masacres, desapariciones y desplazamientos forzados, han advertido que no están dispuestos a pagar un sólo día de cárcel ni a ser extraditados a Estados Unidos, país que reclama a varios jefes de las AUC, incluido Mancuso, para juzgarlos por narcotráfico.
El presidente, Alvaro Uribe, se declaró ayer dispuesto a iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado ilegal que declare su intención de abandonar la violencia.
"Uno quisiera que la seguridad fuera el camino de la reconciliación (...) y, entonces, aquí hay un propósito tan definido para recuperarle la seguridad a los colombianos como listo y dispuesto estoy a hacer la paz con quien la quiera hacer", señaló Uribe en diálogo con un medio radial; sin formular mayores comentarios sobre conversaciones con las FARC.
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