Dos informes principales sobre la guerra civil de Guatemala -uno preparado por la Iglesia Católica, otro por las Naciones Unidas- apuntan a los militares y sus aliados como responsables del 90% de las 200,000 muertes ocurridas durante el conflicto, que se convirtió, por mucho, en el más sangriento de la historia reciente de América Latina. El informe de la ONU concluyó que el ejército guatemalteco había perpetrado genocidio en cuatro zonas específicas y recomendó que los responsables fueran procesados.
Ríos Montt ha dicho en ocasiones anteriores que él “no disparó un solo tiro”, y aseverado que o bien no sabía lo que estaba ocurriendo sobre el terreno, o bien que cualquier atrocidad cometida es responsabilidad de la guerrilla o de soldados insurrectos. Esta versión es rechazada por el Centro para Acción Legal de Derechos Humanos de Guatemala (CALDH), la organización que está ayudando a las 11 comunidades indígenas a llevar ante los tribunales a Ríos Montt. El ejército guatemalteco contaba con complejos sistemas de telecomunicaciones, dice el organismo, que también señala que las matanzas siguieron un cierto patrón.
No se trató, dice CALDH, de ataques esporádicos contra pueblos acusados de apoyar a la guerrilla, sino de una estrategia planeada y coordinada centralmente en la que el mismo “modus operandi” se aplicó a través de una zona geográfica extensa. Una de las 11 matanzas incluidas en el caso contra Ríos Montt fue documentada en minucioso detalle por el Padre Ricardo Falla, un sacerdote jesuita. En ella, unas 350 personas fueron asesinadas por soldados guatemaltecos en San Francisco Nentón, Huehuetenango, en 1982.
A pesar de la abundancia de pruebas, el caso, iniciado en junio pasado, ha avanzado con lentitud. Tres generales en retiro han ofrecido prestar testimonio ante el fiscal especial a cargo de las investigaciones: se trata del General Maldonado Schaad y el General Gordillo Martinez -ambos miembros de la primera junta que gobernó con Ríos Montt- y el general Mario Lopez Fuentes. No se sabe en qué consistió su testimonio, pero se cree que lo más probable es que hayan tratado de distanciarse de las matanzas y adjudicar la responsabilidad a oficiales de menor rango.
Los observadores internacionales del caso no se muestran optimistas en cuento a una rápida evolución y conclusión del mismo. Señalan que, a diferencia del caso contra Slobodan Milosevic, éste no cuenta ni con la atención de los medios ni con el estatus de tribunal especial organizado por la ONU. Por su parte, las agrupaciones de defensa de los derechos humanos se ven sometidas a hostigamiento constante y amenazas de muerte. Un informe publicado por Amnistía Internacional en febrero de este año indica que estos organismos deben desarrollar sus actividades bajo virtual estado de sitio.
Algunos observadores más optimistas señalan, sin embargo, que tuvieron que transcurrir tres años antes de que tres oficiales del ejército fueran declarados culpables del asesinato del Obispo Gerardi en abril de 1998. Por otra parte, ese caso tampoco ha concluido. Los tres oficiales han apelado contra su sentencia de 30 años de cárcel. Y hay quienes dudan, como lo hace Amnistía Internacional en su informe de este año, que se haya atrapado realmente a los autores intelectuales del crimen.
