La desclasificación de informes que han sacado a relucir el negro inventario de torturas y de operaciones encubiertas de la CIA han colocado a la administración del presidente Barack Obama ante el dilema de sepultar el pasado, o responder a los reclamos de quienes desean saber los detalles de la guerra sucia que se libró en su nombre tras los atentados del 11-S.
Mientras Estados Unidos comienza a digerir los escandalosos detalles de una guerra que fue presentada por la administración de George W. Bush como una “causa justa”, las voces de aquellos que insisten en procesar a los responsables de los abusos y torturas y en castigar a quienes actuaron de espaldas a la nación, comienzan a multiplicarse.
