La corrupción ha llegado a tal gravedad en Honduras que el propio Gobierno del presidente Ricardo Maduro debió recurrir a las Naciones Unidas para que se ocupe de realizar parte de las compras del Estado, en las que cada año desaparecen millones de dólares.
La ONU, que verifica procesos de desarme y paz en otras partes del mundo, cumple cada vez más en Honduras tareas de compra de servicios, sector que por décadas padece una de las más importantes fuentes de enriquecimiento ilícito del país.
Expertos estiman que se pierden unos 300 millones de dólares en los procesos de compras y contrataciones del Estado, de los poco más de 1,000 millones en adquisiciones que hace el Gobierno anualmente, debido a ilícitos en los procesos, alentados por influencias de políticos y funcionarios.
Una llamada Oficina de Negocios de Naciones Unidas operará compras y contrataciones en el 2003 en Honduras por 100 millones de dólares, especialmente de medicamentos y tecnología para la estatal empresa de telecomunicaciones.
Honduras es el tercer país más pobre de América Latina después de Haití y Nicaragua. Según Transparencia Internacional, Honduras también es la tercera nación más corrupta de la región.
"Este sistema de compras a través de las Naciones Unidas está funcionando muy bien. Hemos tenido ahorros en la compra de medicinas de un 30 ó 40 % en relación a otras operaciones hace varios años", dijo el presidente Maduro.
Señaló que acudió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Tegucigalpa para "adecentar y transparentar" los procesos de compra del Estado y evitar "las suspicacias y desconfianza" que impera entre la población.
Maduro sostuvo que la participación de la ONU en las compras del Gobierno continuarán extendiéndose, incluso en operaciones de concesión de servicios.
En otro tema, Maduro prometió dar seguridad a los ambientalitas del oriental departamento de Olancho que han sido amenazados de muerte, supuestamente por madereros, luego que uno de ellos fue acribillado a balazos, informó el Gobierno.
Un comunicado de la casa de Gobierno precisó que el mandatario contrajo el compromiso de "brindar mayor seguridad a los defensores del bosque olanchano y establecer los parámetros legales para proteger los permisos de explotación del recurso forestal", en una reunión que sostuvo con ellos.
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