El Gobierno venezolano ha emprendido un viraje hacia la economía socialista y el último paso ha desatado todas las alarmas: se trata del proyecto de Ley de Propiedad Social, que abre la puerta a nuevas confiscaciones de empresas y bienes y que, según cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales, permitirá al Ejecutivo arrasar con la propiedad privada, así lo explica la edición digital del diario El País, de España.
Según elpaís.com en el último año, Chávez ha convertido a más de 12,000 firmas contratistas de la estatal Petróleos de Venezuela en “empresas de producción social”, gracias a la entrada en vigor de una nueva Ley de Contrataciones Públicas y a la aprobación, en mayo de este año, de una ley que reserva al Estado todos los negocios vinculados a la explotación de hidrocarburos.
El proyecto de Ley de Propiedad Social, en el que trabaja desde abril la mayoría oficialista en el Parlamento, faculta al Gobierno a “declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población”.
El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo “podrá decretar la expropiación forzosa, mediante justa indemnización”, de los bienes “cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo”.
El proyecto ha despertado una gran inquietud.
Las encuestas recientes, incluso las encargadas por el Gobierno, reflejan que más del 70% de la sociedad venezolana apoya la existencia de la propiedad privada y rechaza las medidas confiscatorias del Gobierno.
Ante la presión de la opinión pública, la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, que está a cargo de la redacción de la ley, ha elaborado decenas de proyectos: un total exacto de 42, según el diputado chavista Ulises Daal, coordinador del equipo técnico que trabaja esta materia. Pero en todos hay un espíritu que se mantiene.
En la medida que empresas no cumplan su verdadero objetivo de participar activamente en el proceso económico, claro que el Estado estará en la obligación de tomar los correctivos para encauzarlas, por cualquier vía, para que respondan a los intereses de la población venezolana”, dijo recientemente el diputado Daal.
