La Iglesia Católica salvadoreña pidió hoy no descuidar la rehabilitación de jóvenes y la prevención de la violencia con programas que ofrezcan "caminos de superación", al respaldar la política de seguridad del presidente Mauricio Funes.
"Lo que sugeriría que el plan lo tenga bien en cuenta es el aspecto de la rehabilitación de los jóvenes o de la prevención, en el sentido de que hayan programas (...), que les ofrezcamos a ellos caminos de superación verdaderamente viables y accesibles", afirmó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
El jerarca aludió durante una conferencia de prensa a la "Política nacional de justicia, seguridad y convivencia" anunciada el viernes por la administración de Funes, después de una serie de consultas con distintos sectores, entre ellos las iglesias.
Escobar Alas no descartó que se pueda contar con la ayuda de otros países para poner en marcha "planes verdaderamente efectivos de superación" y que haya un marco jurídico que proteja "el ejercicio de estos jóvenes en este camino bueno".
"El plan lo tiene, pero yo insistiría. Ellos hablan de la prevención y de la rehabilitación, no estoy diciendo que se les haya escapado, lo tiene, pero yo insistiría en ese aspecto", añadió y dijo esperar que sea un "aspecto más fundamental" que la represión del crimen.
Se declaró esperanzado ante la nueva estrategia oficial y alabó que el "Gobierno se haya interesado en consultar los distintos sectores y de esta manera enriquecer el plan".
Entre los ejes de esta política, cuyo costo se estima en unos 70 millones de dólares, destacan el "control y represión del delito" principalmente en 100 comunidades con altos índices de violencia, aunque no se precisó su ubicación ni la cantidad de municipios que abarcan.
Además, la entrada en vigor, a partir del 15 de marzo, de un régimen por el cual los integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) deberán permanecer disponibles en todo momento para apoyar las acciones de las autoridades.
Mantendrán, igualmente, a los soldados en las labores de seguridad junto a la Policía y se reforzará su presencia en los puntos ciegos de las fronteras y los perímetros de las cárceles.
La estrategia prevé el inicio de consultas para definir los mecanismos que permitan implementar un plan de desarme.
Por otra parte, el arzobispo destacó la aprobación en el Parlamento de una ley que permite la intervención de todo tipo de comunicaciones, como llamadas telefónicas y correos electrónicos.
"Este es un beneficio grande para la nación, es una herramienta muy positiva", afirmó.
La violencia en El Salvador se cobró 4.365 vidas en 2009, la cifra más alta de homicidios de los últimos diez años.
