Dos oficiales retirados del Ejército, ex agentes de la Policía secreta del general Augusto Pinochet, respondieron ayer un interrogatorio judicial por el asesinato en Buenos Aires del ex comandante del Ejército, general Carlos Prats.
Es la primera vez que miembros del Ejército deben responder ante la justicia chilena sobre su papel en las muertes de Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, en 1974. Ambos perecieron despedazados por una bomba instalada en su automóvil particular por agentes de la Policía secreta de Pinochet.
La posición de los padres es apoyada por organismos de la mujer que aseguran que la niña les manifestó que no quiere seguir con el embarazo, y que el aborto es la única salida para preservar su vida.
El cardenal Miguel Obando y Bravo llamó ayer a sus feligreses a cerrar filas para impedir que se practique el aborto. La pequeña mide menos de 1.5 metros, es morena clara, de pelo negro con mechas castañas, y complexión delgada en la que ya resalta el embarazo de cuatro meses.
Más de 90 organismos de la sociedad civil denunciaron ayer al Estado de Nicaragua por "profundizar el drama" de la niña, "por no respetar sus derechos humanos".
Líderes de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), integrada por más de 90 organismos de la sociedad civil, denunciaron en Managua que a la niña se le negó atención en un centro médico del Estado.
También calificaron de "negligente" a la junta médica oficial por sólo haber dictaminado que la niña podría morir tanto si continua con su estado de gestación como si se le practica un aborto.