La Fiscalía de Guatemala investigará las causas de un deslizamiento de tierras que arrasó con un asentamiento de El Cambray II hace casi una semana y que dejó, al menos, 161 muertos y unos 300 desaparecidos.
“Se han iniciado ya las investigaciones sobre la tragedia en el área. Se ha designado un equipo”, publicó el Ministerio Público (MP-fiscalía) en su cuenta de Twitter.
El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala, David de León, ya había dicho que el derrumbe “se podría haber evitado”.
De León había achacado el fatídico desenlace a una “responsabilidad compartida” de instituciones como la municipalidad, que no hace cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial, y la propia población, que no atiende a las recomendaciones que alertan del riesgo que supone construir viviendas en barrancos o laderas.
El deslizamiento de tierra se registró sobre las 9:30 p.m. del jueves en El Cambray II, a unos 22 kilómetros de la capital, en una colonia declarada de riesgo por la propia Conred.
La zona en la que se produjo este deslizamiento de tierra ya fue declarada en 2008 de riesgo por la Conred, que advirtió a las autoridades municipales del peligro que existía en ese lugar por estar ubicado en una ladera.
De acuerdo a un informe de la institución estatal, fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector, debido a las crecidas del río Pinula ocurridas durante varios años, sufría “socavación y erosión en terrenos y viviendas”. Entre las recomendaciones, instaba a la municipalidad de Santa Catalina Pinula a considerar la reubicación de la comunidad afectada “parcial o totalmente” en lugares que reunieran “condiciones aptas para viviendas”.
Realidad
2014 se solicitó un informe técnico del área debido a que los pobladores estaban en un área de riesgo.
250 de los afectados por el alud están ubicados en diversos albergues, pues lo perdieron todo.
