El juez español Baltasar Garzón ha pedido su traslado y una baja temporal para trabajar en la Corte Penal Internacional, como "consultor externo" de la Fiscalía de este tribunal permanente que investiga crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad.
Fuentes de la Audiencia Nacional de España informaron ayer de que fue el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, quien invitó a principios de mayo a Garzón a "asistir" a su Fiscalía por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos.
El papel de esta Fiscalía del TPI es decidir qué casos analiza la Corte, investigar los crímenes y recabar las pruebas que se utilizarán en los juicios.
Esta invitación al juez más famoso de España, autor de la orden de detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet y protagonista de algunas de las principales ofensivas de la justicia española contra el terrorismo o el narcotráfico, no llega en el mejor momento, aunque podría suponerle un cierto respiro.
El juez está imputado en tres causas que le han llevado a declarar ante los tribunales, la última vez ayer, por su orden de intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los responsables de la trama de corrupción "Gürtel" con sus abogados.
Las otras dos querellas abiertas contra Garzón responden, por una parte, a su decisión de investigar crímenes ocurridos durante la Guerra Civil española y el franquismo, y la segunda por los cobros presuntamente recibidos del banco de Santander para patrocinar los cursos que el magistrado impartió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
En cualquier caso, Garzón pidió ayer mismo al Consejo General del Poder Judicial que le declare en situación de servicios especiales, solicitud que será estudiada hoy por la Comisión Permanente de ese órgano de Gobierno de los jueces.
