E l juez español Baltasar Garzón admitió a trámite las querellas de varias asociaciones contra seis responsables jurídicos de la prisión de Guantánamo por las supuestas torturas sufridas por cuatro prisioneros, uno de ellos español, y se ha declarado competente para investigar los hechos.
Garzón, que cobró notoriedad internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet, admite así las querellas de la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas en España y la Asociación Libre de Abogados (ALA), el partido Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
Así lo decidió en un auto fechado el pasado 27 de enero en el que el magistrado de la Audiencia Nacional española, como adelanta el periódico “El País”, declara su competencia para investigar a los posibles autores materiales, inductores o cómplices de los presuntos delitos de torturas y malos tratos cometidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo (Cuba) durante la Administración de George W. Bush.
El auto argumenta que los tribunales españoles son competentes para investigar los hechos, ya que entre los denunciantes hay un ciudadano español y, además, no hay constancia de que en Estados Unidos se haya abierto un procedimiento por dichos delitos.
La admisión de estas querellas supone que Garzón investigará las denuncias de Hamed Abderrahman Ahmed, “Hmido”, conocido como “el talibán español”, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif al Banna “Abu Anas” y Omar Deghayes, que después de pasar por Guantánamo declararon ante él y relataron haber sufrido torturas durante el tiempo de su detención “bajo la autoridad de personal del Ejército norteamericano”.
Uno de los abogados promotores de la querella, Antonio Segura, expresó su “doble” satisfacción por el hecho de que Garzón vaya a investigar las denuncias.
La decisión de Garzón se produce tras la entrada en vigor en noviembre de la reforma de la legislación en materia de jurisdicción universal, que limita la competencia de la Audiencia Nacional en esta materia a los casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.
