La jueza Nelly Pozas denegó a la Fiscalía salvadoreña su petición de presentar 3,000 folios con pruebas nuevas en contra del expresidente Elías Antonio Saca y 6 de sus colaboradores acusados de supuestamente desviar $246 millones de fondos públicos a cuentas privadas.
Según la letrada, "es la obligación de la fiscalía presentar junto al requerimiento (acusación) la documentación, y este no es el momento".
Ante el argumento de la jueza, Mario Huezo, uno de los fiscales del caso, expresó que "la evidencia son escrituras públicas de sociedades que se utilizaron para triangular el dinero".
El Juzgado Cuarto de Paz arrancó ayer la audiencia inicial que se celebra en El Salvador en contra de Saca y sus exsecretarios privados, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.
A ellos se suman, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera, "colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca" y aún empleados de la Presidencia.
Según el fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares "en efectivo", de los que lavaron $6 millones.
