Las querellas fueron rechazadas por la jueza Blanca Rojas, que al fundamentar su resolución señaló que los delitos fueron cometidos fuera de Chile y que el querellado, además, no es ciudadano chileno, según precisa un comunicado de los tribunales.
La querella, patrocinada por el diputado socialdemócrata, Antonio Leal, fue presentada el pasado 24 de julio por los abogados chilenos de derechos humanos, Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez.
Los querellantes son la asistente social peruana María Elena Loayza Tamayo y César Mamani, ambos ex presos políticos, que estuvieron cinco años en prisión en Perú, donde fueron sometidos, según denunciaron, a tormentos físicos y sicológicos.
Los dos refugiados indicaron que fueron víctimas de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, que los acusó de ser integrantes de Sendero Luminoso.
La acción judicial buscaba que Fujimori sea juzgado en Chile, de confirmarse la decisión de no extraditarlo a Perú por 10 delitos de corrupción y dos de derechos humanos, dictada por el juez Orlando Álvarez el 11 de julio pasado.
Subrayó que "en todas partes eso se vende. Es una ley de la guerra" y aclaró que él, personalmente, no tiene "que ver con eso".
"Le digo cuáles son las generalidades de cómo funciona ese asunto de la compra o venta de informaciones", indicó Beltrán, quien agregó que muchos "intermediarios" y que eso funciona "como en una bolsa (de valores)".
Asimismo, al ser interrogado sobre "fuga de información", como reveló el lunes el ministro Santos, explicó que "tradicionalmente las guerrillas" se abastecen "de armas del mismo Ejército, no solo de información, pues también se venden recursos militares".
En el transcurso de una guerra "y cuando se hace en estas condiciones tan complejas, todo se vuelve un mercado, se compran informaciones, se venden", señaló.
Sin embargo, aclaró que su organización "es más dada" a que "si la gente quiere dar una información, lo hace sin pagar (..), y es una forma de que no prospere la corrupción".
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha financiado en parte con el dinero del narcotráfico aseguran sus líderes.
Además se recalcó que si un señor entra a comprar base de coca en la zona donde está nuestra guerrilla se le cobra un impuesto, por esto respondemos", indicó Beltrán, y añadió que no por producción, tráfico o venta de drogas.
