Los jueces chilenos a cargo de varios procesos contra Augusto Pinochet están a la espera de que se acredite oficialmente la defunción del ex dictador para sobreseerlo por muerte.
Los magistrados, pueden sobreseer a Pinochet al final de estos procesos, que sólo se archivan en relación a la responsabilidad del gobernante de facto y en los que están implicados otros militares que recibirán sentencias.
En esta situación están los jueces que han procesado a Pinochet en casos de derechos humanos como Víctor Montiglio y Alejandro Solís, además de Carlos Cerda, que investiga las millonarias cuentas bancarias secretas de Pinochet descubiertas en el exterior a partir de una investigación del Senado estadounidense en el Banco Riggs de ese país.
En tanto, Montiglio procesó al es dictador por delitos que se enmarcan en la llamada "Operación Cóndor", la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en la década de los años 70 y 80, que dejó miles de desaparecidos en la subregión.
El juez Solís, por su parte, que estuvo más cerca de dictar una condena contra Pinochet, lo procesó por delitos de torturas, homicidios y desapariciones de presos en el centro de reclusión de Villa Grimaldi.
Solís señaló a los periodistas que tenía todo listo para cerrar la investigación en 30 días más.
El presidente en funciones de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, rechazó las críticas contra los tribunales por no haber condenado a Pinochet en ninguno de los numerosos casos en los que aparece involucrado.
"Los tribunales no están en deuda. En lo que pudieron actuar, hicieron todo lo que pudieron", manifestó Libedinsky, recalcando que los jueces que estuvieron a cargo investigaciones contra el ex militar, avanzaron bastante y fueron eficientes dentro de sus posibilidades.
En tanto, el jubilado juez Juan Guzmán, el primero que procesó en Chile a Pinochet en el año 2000 por el caso "Caravana de la Muerte", comitiva militar que ejecutó en octubre de 1973 a presos políticos en distintos puntos del país, aseguró que en los procesos que se siguieron contra Pinochet hubo denegación de justicia.
El magistrado respaldó las declaraciones del juez Carlos Cerda, quien lamentó que el Estado no ofreciera una verdad histórica sobre las actuaciones de Augusto Pinochet.
Varios de los encarcelados fueron obligados a salir de sus celdas y ejecutados sumariamente, muchas veces sin el permiso o el conocimiento de las autoridades militares locales.
En 1998, el juez español Baltasar Garzón, basándose en las querellas presentadas por los familiares de los desaparecidos de Calama, entre otras, dentro del caso "Caravana de la Muerte" dirigido por el juez Juan Guzmán Tapia, ordenó la detención de Pinochet en Londres, bajo el cargo de "secuestro y homicidio calificado".
Con este caso, se terminaba el aura de impunidad que dominada a Pinochet y a los militares que pensaban ser amos del destino de los chilenos.
Más de 3,000 opositores murieron o "desaparecieron" durante los años de la dictadura chilena.
En junio de 1999, la justicia chilena ordenó la detención de cinco oficiales militares retirados, incluido un general, por su participación en la comitiva militar.
En marzo de 2006, el juez Víctor Montiglio ordenó el arresto de trece ex-oficiales del Ejército por su participación en los asesinatos bajo cargos de homicidio.
El 17 de julio de 2006, la Corte Suprema de Chile despojó de su inmunidad a Pinochet por su implicación en el caso.
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