Ante la incapacidad de los tribunales ordinarios de juzgar a los 120, 000 presos acusados por el genocidio de 1994, Ruanda recurre a un sistema de justicia tradicional en el que participa todo el pueblo.
Los tribunales ruandeses han juzgado ya a 6,454 presuntos responsables de las matanzas - de los cuales 660 fueron condenados a muerte y una veintena ejecutados- pero las previsiones más optimistas calculan que se necesitarían 125 años para procesar a tamaña población carcelaria, que vive hacinada en condiciones infrahumanas.
Las autoridades de Kigali calculan que fueron más de un millón los hombres, mujeres y niños masacrados durante una verdadera "orgía de sangre" que se extendió de abril a julio de 1994.
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